Reforma del sistema judicial: “La resurrección de las penas mínimas privaría a los jueces de parte de su poder”

En una carta dirigida a los magistrados , el nuevo ministro de Justicia propone iniciar "inmediatamente" una consulta con vistas a crear un procedimiento de declaración de culpabilidad en materia penal, pero también a restablecer las penas mínimas que existían entre 2007 y 2014, modestamente llamadas aquí "umbrales mínimos" .

A esto se suman varias propuestas, claramente destinadas a generar revuelo, como la de obligar al condenado a pagar las costas de la investigación. Nos centraremos aquí solo en las dos primeras, que socavan la independencia del poder judicial.

Una de las primeras leyes del quinquenio de Sarkozy (del 10 de agosto de 2007, que refuerza la lucha contra la reincidencia) prohibía a los jueces imponer una pena inferior a una determinada, a menos que se preocuparan de justificar específicamente su decisión, sabiendo que en la práctica, abrumados por los casos, apenas tenían tiempo.

Una ley del 14 de marzo de 2011 (sobre orientación y programación para el fortalecimiento de la seguridad interna [Loppsi 2] , en la que ni siquiera aparece la palabra justicia) fue aún más allá, al permitir la aplicación de estas penas mínimas incluso en ausencia de reincidencia. Este sistema no ha demostrado su eficacia (no se observó una reducción de la reincidencia) y fue abandonado tras un estudio mediante una ley del 15 de agosto de 2014. Únicamente aumentó la duración media de la prisión , agravando así la congestión carcelaria.

La lección de la experiencia claramente no se ha aprendido, ya que el señor Darmanin propone reincorporarlos incluso en ausencia de reincidencia y esta vez no sólo por los delitos más graves sino también por la delincuencia cotidiana.

Si se combina con el proyecto de ley presentado por el Sr. Attal (que tendería a aplicar solo excepcionalmente la excusa de minoría de edad, que permite una pena menos severa para menores de 16 a 18 años), esta resurrección de las penas mínimas podría afectar a los adolescentes. En la práctica, el gobierno propone privar a los jueces de una parte esencial de su poder: la ley decidiría en su lugar, como en muchos estados de Estados Unidos . Esto es, en principio, preocupante, ya que el artículo 66 de la Constitución establece que el juez judicial es el guardián de la libertad individual.

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